STC 1/2018 – El asegurado no puede someter a arbitraje a la aseguradora

Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 1/2018, de 11 de enero. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña presentó recurso de inconstitucionalidad, con respecto al art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro (LCS). El objeto de la cuestión fue determinar si el precepto era nulo, al prescindir de la voluntad de una de las partes para someter a arbitraje las controversias que puedan suscitarse. La cuestión se resolvió por STC 1/2018, que determinó que someter a arbitraje a la compañía de seguros requiere del concurso de su voluntad. El artículo quedó anulado.

El Tribunal Constitucional determinó que el precepto, en efecto, era nulo. No tanto por prescindir de la voluntad de una de las partes, sino por no permitirse la revisión de fondo del laudo arbitral. De este modo, se vulnera el derecho al juez legal. Como se dijo en STC 217/1991:

«[el arbitraje obligatorio resultaría compatible con el art. 24.1 CE si] en ningún caso excluye el ulterior conocimiento jurisdiccional de la cuestión y su fin resulta proporcionado y justificado, ya que no es otro que ‘procurar una solución extraprocesal de la controversia, lo cual resulta beneficioso tanto para las partes, que pueden resolver así de forma más rápida y acomodada a sus intereses el problema, como para el desenvolvimiento del sistema judicial en su conjunto, que ve aliviada su carga de trabajo».

Antecedentes. ¿Puede el asegurado por defensa jurídica someter a arbitraje a la compañía de seguros?

Se interpuso demanda de nombramiento judicial de árbitro por la representación de D. Miguel Prats, tras haberse negado la aseguradora a someterse a arbitraje. El 26 de febrero de 2015 se citó a las partes para la vista, a donde ni siquiera acudió la aseguradora. La Sala acordó plantear la cuestión de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional valorara si el art. 76.e) LCS vulneraba los arts. 24.1 y 117 CE. El art. 76.e) LCS, de aplicación a los seguros de defensa jurídica, rezaba:

«El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro.

La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada».

Es decir, hasta el fallo de la STC 1/2018, el asegurado tenía derecho a someter a arbitraje a la compañía de seguros incluso en contra de su voluntad.

Vulneración de principios constitucionales

La representación procesal de la demandada entendió procedente el recurso, por conflicto entre los arts. 76.·) LCS y:

  • 24.1 CE. Por excluirse por ley el acceso a la jurisdicción ordinaria.
  • 24.2 CE. Por excluir el Juez legal al imponerse a la aseguradora un árbitro.
  • 117.3 CE. Por no respetar la exclusividad de la jurisdicción ordinaria.

El TSJ acordó elevar la cuestión de inconstitucionalidad, destacando las siguientes cuestiones:

Debe trasponerse el derecho comunitario respetando el ordenamiento constitucional

El art. 76.e) fue introducido por la Ley 21/1990, de transposición de la Directiva 88/357/CEE. Actualmente, la medida se recoge en el art. 203 de la Directiva 2009/138/CEE:

«Los Estados miembros preverán, con vistas a la solución de todo litigio que pueda surgir entre la empresa de seguros de defensa jurídica del asegurado y sin perjuicio de cualquier derecho de recurso a una instancia jurisdiccional que eventualmente hubiera previsto el derecho nacional, un procedimiento arbitral u otro procedimiento que ofrezca garantías comparables de objetividad. El contrato de seguro deberá prever el derecho del asegurado recurrir a tales procedimientos».

La representación procesal del asegurado se opuso a la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad, alegando que el precepto fue la transposición de una directiva comunitaria.

Frente a la demandante, el TSJ de Cataluña entendió que la primacía del derecho comunitario no es argumento suficiente para mantener la adecuación de la transposición al ordenamiento interno. Señaló la STC 352/2006, de 14 de diciembre, en que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca del fomento del arbitraje como medio de resolución de conflictos ágil. Por supuesto, estas medidas de fomento nada tienen que ver con la imposición del arbitraje como vía de resolución de la  controversia.

El TC no valora el Derecho comunitario

El Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo con el planteamiento del TSJ. Así, afirmó que su función no tenía que ver con la valoración del Derecho comunitario, sino de la adecuación de la transposición con el ordenamiento interno anterior. Y, por otro lado, consideró que la norma interna no había:

«[…] apurado el margen de apreciación que le otorgaba la europea a fin de permitir una transposición que concilie, en la mayor medida posible, el
cumplimiento pleno y tempestivo de las obligaciones del Estado en el seno de la Unión con las exigencias constitucionales del artículo 24 CE en relación con el arbitraje».

El art. 76.e) LCS perseguía fines legítimos…

El Ministerio Fiscal señaló que la medida introducida en la LCS buscaba:

  • Desahogar los juzgados.
  • Equilibrar las fuerzas de ambas partes del contrato de seguro.

Sin embargo, planteó sus dudas respecto a los principios de aplicabilidad y relevancia. Así, someter a arbitraje a la compañía de seguros podría ser un cauce legítimo para equilibrar a las partes del seguro de defensa jurídica y mejorar la operatividad procesal en general.

Señaló, asimismo, la posibilidad de realizar una interpretación del precepto que salvara la integridad normativa. También recordó la doctrina constitucional que concibe el derecho a la tutela judicial como un derecho limitable (STC 185/1987). Por último, destacó las bondades de la propuesta normativa.

…lo que no justifica vulnerar principios constitucionales

Sin embargo, entendió que no se podía favorecer el arbitraje a costa de saltarse la voluntad de una de las partes. Y ello porque la ley arbitral no permite la impugnación de un laudo arbitral por razones de fondo. En definitiva, y al parecer de la fiscalía, el art. 76.e) reúne un buen número de virtudes, pero vulnera el art. 24.1 CE. Sea dicho que el Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo con esta posición, al afirmar que:

«Sin embargo, el servicio a un fin constitucionalmente lícito no justifica en este caso la consecuencia jurídica cuestionada, la restricción al derecho fundamental que el arbitraje obligatorio supone. Dicha restricción deriva de que el sometimiento de la cuestión a arbitraje se impone por la sola voluntad de una de las partes del contrato, de modo que establece un impedimento para el acceso a la tutela judicial de la otra que es contrario al derecho de todas las personas «a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos» (en similares términos, STC 174/1995, FJ 3)».

Arbitraje obligatorio

La facultad del asegurado de someter a arbitraje a la compañía de seguros contra su voluntad, conforme estaba configurado el art. 76.3) LCS, era un derecho exclusivo de asegurado. Esta medida sólo puede acomodarse en los sistemas de protección a la parte más débil de la contratación.

Sin embargo, señaló el TSJ que uno de los elementos fundamentales del arbitraje es la autonomía de la voluntad. Elemento que queda excluido de esta obligación del asegurador a acudir al arbitraje por orden del asegurado. Al excluir la vía judicial (más allá de la mera revisión del laudo), la Sala entendió que se vulneraba:

  • El art. 24.1 CE. Aunque la relación jurídica del contrato de seguro es bilateral, sólo una de las partes puede imponer el recurso imperativo al arbitraje. Por ello, el TSJ consideró que el precepto cuestionado reconocía ex legis la imposición del cauce arbitral.
  • El art. 117.3 CE. Pues el Juez legal quedaba excluido por la atribución legal de la facultad de imponer el arbitraje.
  • La doctrina asentada en SSTC 174/1995 y 352/2006. Ya que no se puede exigir un pacto expreso para evitar el arbitraje y acudir a la tutela judicial.

El art. 76.e) LCS vulneraba el art. 117.3 CE

Consideró el Tribunal Constitucional que el art. 76.e) LCS establecía, por imperio de la ley, la posibilidad de una de las partes de imponer a la otra el cauce arbitral, con la consiguiente exclusión de la vía judicial. En definitiva, atribuir a una de las partes esta facultad unilateral supone una renuncia a la jurisdicción.

Doctrina del tribunal respecto al arbitraje

El Tribunal Constitucional recordó su posición respecto al arbitraje, destacando:

  • El arbitraje como método de resolución extrajudicial de conflictos. La configuración del derecho a la tutela judicial del art. 24 CE permite al legislador configurar este derecho. Así, el arbitraje se configura como un equivalente jurisdiccional, ya que supone renunciar a la acción procesal a cambio de un beneficio mutuo para las partes. Por tanto, este “equivalente jurisdiccional” tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad (art. 1.1 CE).
  • El arbitraje obligatorio. Por lo antedicho, malamente casan el recurso al arbitraje y la limitación de la voluntad. Cita el Tribunal su propia Sentencia n.º 119/2014:

«de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, el arbitraje obligatorio no resulta conforme al derecho a la tutela judicial efectiva cuando el control judicial sobre el laudo previsto en la ley se limita a las garantías formales o aspectos meramente externos, sin alcanzar al fondo del asunto sometido a la decisión arbitral (SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3; y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2). Hemos de entender, en cambio, que el arbitraje obligatorio sí resulta compatible con el derecho reconocido en el art. 24.1 CE cuando el control judicial a realizar por los tribunales ordinarios no se restringe a un juicio externo, sino que alcanza también a aspectos de fondo de la cuestión sobre la que versa la decisión».

En definitiva, al parecer del Tribunal Constitucional, el problema no tiene nada que ver con el arbitraje. El recurso al arbitraje es perfectamente legítimo, y encuentra acomodo en el art. 1.1 CE, que consagra la autonomía de la voluntad -la libertad-.

El problema en este asunto es que la configuración del arbitraje no permite que el Juez legal acceda a controlar el fondo de la cuestión. Y por tanto, no puede forzarse a la aseguradora a acudir a una vía que escapa de este control judicial, bajo riesgo de vulnerar su derecho a un juez legal.

Fallo de la STC 1/2018: el art. 76.e) LCS es inconstitucional y nulo

En vista de lo antedicho, el Tribunal Constitucional estimó la cuestión de inconstitucionalidad, y por STC 1/2018 declaró inconstitucional y nulo el art. 76.e) de la Ley 50/1980 (LCS). En otro momento trataremos los votos particulares que formularon los Magistrados D. Fernando Valdés, D. Juan Antonio Xiol y D. Antonio Narváez.

Implicaciones de esta Sentencia

Contra lo que se viene afirmando todavía, los asegurados por un seguro de defensa jurídica no pueden obligar al asegurador a someterse a arbitraje para la resolución de las controversias que puedan surgir en el seno del seguro.

¿Qué ocurre con los asegurados en cuyas pólizas figura recogido este derecho? En cumplimiento del art. 76.f), muchas pólizas de seguros de defensa jurídica recogen el derecho del asegurado a someter al asegurador a arbitraje. Por tanto, lo mejor sería instar la modificación de esta cláusula, de tal modo que las pólizas se adapten a las consecuencias de la STC 1/2018.

Sin embargo, es evidente que en la mayoría de los casos no se va a realizar tal modificación. ¿Cabe suponer, en consecuencia, que la compañía queda vinculada por la cláusula de la póliza que recoja este extremo o no?

La verdad es que no he encontrado ningún pronunciamiento judicial al respecto, por lo que todavía se habla en el aire. Sin embargo, y a nivel personal, entiendo que la argumentación del Tribunal Constitucional para anular el art. 76.e) LCS es perfectamente utilizable por cualquier  compañía de seguros que no quiera someterse a arbitraje para oponerse con éxito a una demanda de nombramiento judicial de árbitro. En definitiva, desde la STC 1/2018, someter a arbitraje a la compañía de seguros va a requerir el concurso de su voluntad.


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